Respetamos los derechos colectivos y tradicionales de los pueblos indígenas, sus culturas y conexiones con la tierra, que están ligadas a su bienestar físico, espiritual, cultural y económico. Reconocemos los impactos de las actividades mineras en los pueblos indígenas. Como su aliado confiable, nos comprometemos a contribuir con la protección de sus derechos e intereses.

El desarrollo minero implica inevitablemente la reubicación y el reasentamiento. Haremos todo lo posible para evitar el reasentamiento involuntario y llevar a cabo la adquisición de tierras de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, y las mejores prácticas internacionales.Como lo exige la Norma de Desempeño 5 de la CFI, antes de comenzar cualquier actividad de reasentamiento, colaboramos con las partes interesadas locales, firmas de abogados, agencias gubernamentales y expertos en migración, para desarrollar un plan de reasentamiento con el fin de garantizar que los pueblos y comunidades indígenas afectados puedan tomar decisiones informadas.

El plan también está diseñado para minimizar los impactos adversos; restaurar o mejorar los medios y las condiciones de vida de los pueblos indígenas; garantizar un trato justo y una compensación equitativa, y ayudarlos a adquirir las habilidades necesarias para sus medios de subsistencia futuros.

Durante la adquisición y reubicación de tierras, seguimos los requisitos de la Norma de Desempeño 8 de la CFI para evitar que el desarrollo de las minas afecte o dañe los territorios tradicionales o el patrimonio cultural, históricamente significativo de los pueblos indígenas cercanos a los sitios de los proyectos. Cuando tales impactos son inevitables, nos esforzamos por obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas, llegar a un acuerdo con ellos a través de negociaciones y consultas transparentes y formales, y lograr un consenso sobre la conservación o reubicación con ellos, para minimizar cualquier impacto adverso.